La Ley de Mercados Digitales impone nuevas reglas a las grandes tecnológicas para equilibrar el campo de juego y proteger a los usuarios.
DMA, una ley para ponerle freno a las grandes tecnológicas
Las tecnologías de la información y la comunicación están revolucionando la sociedad y la economía, pero también representan numerosos desafíos, sobre todo en el mercado, ya que el monopolio de las grandes tecnológicas impide que otras empresas más pequeñas puedan competir en igualdad de condiciones. Para ponerle freno a esa situación, la Unión Europea ha aprobado la Ley de Mercados Digitales (DMA), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2022 y comenzará a aplicarse seis meses después, a partir del 2 de mayo de 2023.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de Mercados Digitales?
La nueva Ley de Mercados Digitales cambiará Internet para siempre porque implica el fin de los monopolios y privilegios de compañías como Google, Microsoft, Apple o Meta. Su principal objetivo, según reconoce la propia Unión Europea, es marcar “unas normas comunes en todo el mercado único” que fomenten “la innovación, el crecimiento y la competitividad”, al tiempo que facilitan “la expansión de las plataformas más pequeñas, las pymes y las empresas emergentes, que contarán con un marco único y claro” aplicable a nivel europeo.
En práctica, la DMA intenta evitar que las grandes empresas tecnológicas que tienen una posición de poder puedan imponer condiciones injustas tanto a las empresas como a los usuarios finales. Así garantiza el carácter abierto, inclusivo y equitativo de los servicios digitales más importantes. Por consiguiente, no solo brinda unas normas comunes para las empresas que operan en el mercado europeo, sino que también garantiza más derechos y libertad a los usuarios finales de esos servicios tecnológicos.
¿Qué empresas deben cumplir la DMA?
La Ley de Mercados y Servicios Digitales se estructura en torno a la figura de los guardianes de acceso, “empresas que desempeñan un papel especialmente importante en el mercado interior debido a su tamaño e importancia como pasarelas para que los usuarios profesionales tengan acceso a sus clientes”.
La normativa detalla que para que una empresa sea catalogada como “guardián de acceso” debe reunir tres condiciones:
1. Capacidad para influir en el mercado interior debido a su gran tamaño.
La empresa tiene un volumen de negocios anual en la Unión Europea igual o superior a 7 500 millones de euros en cada uno de los tres últimos ejercicios o posee una capitalización media de mercado de 75 000 millones de euros como mínimo en el último ejercicio. Además, debe prestar un servicio básico de plataforma en al menos tres Estados miembros.
2. Gestiona una pasarela importante que conecta a usuarios profesionales con consumidores finales.
En ese caso, la empresa debe tener como media más de 45 millones de usuarios finales activos en la Unión Europea al mes y más de 10 000 usuarios profesionales activos al año durante el último ejercicio en el espacio europeo.
3. Posición arraigada y duradera a lo largo del tiempo
Se constata cuando la empresa cumple con el segundo criterio en cada uno de sus tres últimos ejercicios.
Cabe aclarar que la Ley de Mercados Digitales considera como servicios básicos de plataforma:
- Motores de búsqueda online
- Redes sociales online
- Servicios de intermediación online
- Plataformas de intercambio de vídeos
- Servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración
- Sistemas operativos
- Computación en la nube
- Servicios de publicidad
- Navegadores web
- Asistentes virtuales
¿Qué medidas y obligaciones incluye la DMA?
La Ley de Mercados y Servicios Digitales indica que los guardianes de acceso son responsables de garantizar un entorno online accesible, que sea justo para las empresas y los consumidores y fomente la innovación, absteniéndose de adoptar comportamientos desleales.
En sentido general, las empresas catalogadas como “guardianes de acceso” están obligadas a:
- Permitir que los usuarios puedan desinstalar con facilidad las aplicaciones preinstaladas o cambiar la configuración por defecto de los sistemas operativos, asistentes virtuales o navegadores web para evitar que impongan sus servicios.
- Consentir a los usuarios la instalación de aplicaciones o tiendas de aplicaciones de terceros en su sistema operativo.
- Facilitar la cancelación de la suscripción a los servicios básicos de la plataforma.
- Admitir la interoperabilidad de terceros con los servicios de la empresa para brindar más opciones a los usuarios.
- Proporcionar herramientas para medir el rendimiento y facilitar la información necesaria a los anunciantes y editores en su plataforma para que puedan hacer una verificación independiente de los anuncios.
- Brindar a los usuarios profesionales acceso a los datos que generen cuando usen la plataforma de la empresa.
- Permitir a los usuarios profesionales que promocionan sus ofertas y realicen contratos con sus clientes fuera de la plataforma.
Asimismo, la Ley de Mercados y Servicios Digitales implica algunas prohibiciones:
- Usar los datos de los usuarios profesionales cuando las empresas compitan con ellos en su propia plataforma.
- Clasificar sus productos o servicios de manera más positiva que los ofrecidos por terceros.
- Exigir a los desarrolladores de aplicaciones que utilicen determinados servicios de la empresa, como los sistemas de pago o los proveedores de identidad, para incorporarse a sus tiendas de aplicaciones.
- Rastrear a los usuarios finales fuera del servicio básico de la plataforma con el objetivo de personalizar la publicidad si no han dado su consentimiento efectivo.
Cuando la empresa sea catalogada como “guardián de acceso”, tiene un plazo de seis meses para cumplir las medidas previstas en la Ley de Mercados Digitales. Si se trata de empresas que aún no tienen una posición arraigada, pero podrían alcanzarla en el futuro, sólo se aplicarán las obligaciones imprescindibles para garantizar que no logre ese estatus por medios desleales. En caso de incumplimiento de la DMA, la empresa puede enfrentarse a multas de hasta el 10 % de su volumen de negocios total anual mundial o el 20 % si se trata de infracciones reiteradas.